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    Los resultados de la primera ronda electoral en Egipto han supuesto un auténtico alboroto en los medios de comunicación y ha sorprendido a la opinión pública. Pero la victoria de los partidos islamistas ha sido sobrevalorada. Dada la arraigada presencia de los islamistas en las sociedades árabes, a nivel político, económico y social, por no hablar de la abundante propaganda religiosa, es más sorprendente el hecho de que, hasta ahora, ninguno de los partidos islamistas haya logrado una mayoría absoluta en las recientes elecciones. Los islamistas en Túnez, Marruecos y Egipto no pueden reclamar superioridad sobre las otras fuerzas políticas. El aparente triunfo de las fuerzas islamistas pronto se revelará como una ilusión.

    En Túnez, el partido Ennahda ganó solo el 37 por ciento de los escaños de la asamblea constituyente (89 de 217), lo que le coloca por delante de otros partidos políticos, pero no concede a Ennahda la última palabra en la elaboración de la nueva constitución o en la formación de un gobierno unipartidista. En Marruecos, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) solo consiguió un 27 por ciento de los escaños (107 de 395), con menos del 46 por ciento de participación electoral. Ciertamente el PJD ha recibido más del doble de votos que en las anteriores elecciones (en las elecciones de 2007 obtuvo 47 escaños), y es la primera vez que un partido consigue este número de escaños desde las primeras elecciones marroquíes en 1963. Sin embargo, la peculiaridad y complejidad del sistema electoral marroquí —que crea un parlamento fragmentado— no garantiza el dominio de un único partido en el parlamento.

    En Egipto, a los islamistas les ha ido bastante bien hasta ahora en la primera ronda electoral y se espera que mantengan su éxito. Sin embargo, sería un error suponer que van a controlar una sólida mayoría en el nuevo parlamento. El Partido Libertad y Justicia (PLJ) de la Hermandad Musulmana, el movimiento islamista más emblemático y poderoso del mundo árabe, obtuvo solo el 36,6 por ciento de los votos en la primera ronda, a pesar de su dilatada experiencia en contiendas electorales. (Aunque el movimiento ha estado oficialmente prohibido durante décadas, muchos hermanos concurrían a las elecciones como candidatos independientes.)

    La mayor sorpresa ha sido el relativo éxito de los salafistas ultraconservadores, el vencedor inesperado de las elecciones egipcias, que obtuvo el 24,3 por ciento de los votos. Pero es muy poco probable que logre los mismos votos en las dos siguientes rondas electorales. No solo debido a su retórica islámica ingenua y poco prudente, que ha quedado en un segundo plano en la cobertura mediática de las últimas semanas, sino también porque se enfrentarán a sus contrapartes islamistas más moderadas, la Hermandad Musulmana y el Partido Al Wasat. En las elecciones de desempata entre candidatos individuales de esta semana, la Hermandad aplastó a sus rivales salafistas, obteniendo casi diez veces más asientos.

    Uno de los principales temores asociados con el auge de los islamistas es que utilicen su poder para remodelar las instituciones políticas en su favor. Pero en realidad, estas elecciones no cambiarán las reglas del juego en favor de los recién llegados. Ni uno solo de los partidos islamistas emergentes podrá tomar el poder real de los actuales gobernantes, al menos no por sus logros electorales.

    En Túnez, así como en Marruecos y Egipto, los partidos islamistas que han ganado las elecciones no podrán alterar de forma significativa el status quo en su provecho. En primer lugar, las estructuras autoritarias siguen funcionando y la vieja elite sigue activa. Las pesadas herencias de Zine El Abidine Ben Ali y Hosni Mubarak impedirán cualquier intento de los nuevos gobiernos para desmantelar estas estructuras. Por ejemplo, tras formar un gobierno de coalición que sigue protagonizando intensas negociaciones, Ennahda tendrá que lidiar con dos antiguas y arraigadas instituciones, el ejército y el aparato de seguridad. Ambos lucharán para impedir cualquier cambio fundamental que pueda afectar a sus intereses. El ejército tunecino mostró un notable grado de contención tras la huida de Ben Ali. Sin embargo, sus generales no son ángeles. Para ellos, el ejército es el guardián de la república y podría adoptar un rol de supervisión o patronazgo, sobre todo si los civiles no aciertan a doblegar sus aspiraciones en la nueva constitución. Supervisarán atentamente la escena política entre bambalinas. Las cosas son más difíciles con las

    , que no se someterán con facilidad a las nuevas realidades. Cualquier intento de rehabilitarles para adaptarles a las nuevas estructuras democráticas podría socavar todo el proceso de transición.

    En Marruecos, el monarca es el soberano intocable y domina la política. Las enmiendas constitucionales que se aprobaron en el referéndum de julio no confieren mucho poder al parlamento. Han reorganizado el ámbito político para que sea más visible, pero ineficaz. El PJD formará un gobierno débil que buscará apaciguar a la monarquía y la calle al mismo tiempo. No es sorprendente que el PJD no se presente como un

    a la Hermandad Musulmana o a cualquier otro partido político. Así las cosas, el nuevo parlamento, que probablemente estará dirigido por los islamistas, estará limitado y será ineficaz. Según una declaración constitucional aprobada por referéndum popular en marzo, el CSFA tiene el poder exclusivo para designar y destituir el gobierno. En un reciente mensaje enviado a través del general Mamduh Shaeen, asesor legal del ministro de defensa y miembro del CSFA,

    , disolver el gobierno establecido por el CSFA ni preguntar a sus ministros. Todavía más irónico, el parlamento no tendrá autoridad para redactar la nueva constitución sin la supervisión del CSFA.

    Ninguno de los partidos islamistas podrá formar un gobierno por su cuenta. Tendrán que negociar, formar coaliciones y hacer concesiones. Por tanto, los islamistas tendrán que refrenar sus ambiciones políticas y mostrar flexibilidad para compartir el poder. Más importante aún, como parte de la dinámica de la transición, los islamistas son más propensos a abandonar sus objetivos originales, como la construcción de un estado islámico y la aplicación de la ley islámica (sharia). Las recientes declaraciones de los líderes islamistas de Túnez, Marruecos y Egipto muestran una tendencia más pragmática y realista. En lugar de centrarse en los temas sagrados e identitarios, se han inclinado por abordar problemas más mundanos y prácticos, como la reforma de la educación, la lucha contra la corrupción y la reconstrucción de las infraestructuras.

    Con el espíritu de la primavera árabe todavía vigente, los jóvenes árabes no tolerarán ninguna violación de las libertades individuales y los derechos humanos. Los nuevos gobiernos islamistas no solo tendrán que dar garantías de respetar el pluralismo político, los derechos de las minorías, la libertad de expresión y demás, sino que, más importante aún, tendrán que ofrecer auténticas concesiones relacionadas con sus actividades islámicas. En otras palabras, la presión sobre los islamistas no estará limitada a sus posiciones políticas, donde podrían maniobrar con astucia contra sus adversarios, sino que afectará a sus convicciones ideológicas, lo que trastocará su engañoso auge.

    Jalil Al Anani es profesor en la Escuela de Asuntos Gubernamentales e Internacionales de la Universidad de Durham, Gran Bretaña, y ex becario visitante en el Brookings Institute. Su dirección de correo-e es:

    Quiero hacer una breve puntualización sobre lo que la autora dice en el primer párrafo de este artículo. La actuación del ejército durante la insurrección egipcia no fue todo lo admirable que parece tras un vistazo superficial. Reprimieron manifestaciones, aunque pocas veces; detuvieron a manifestantes, más veces de lo que puede creerse (de hecho, ahora están siendo juzgados algunos de los detenidos) y protegieron en ocasiones a partidarios de Mubarak en algunas refriegas callejeras. Ciertamente, no se enfrentaron abiertamente con los egipcios. Sus planes eran otros

    En los primeros días de la insurrección egipcia cuando la violencia amenazó con hundir el país, los militares hicieron un trabajo admirable manteniendo el orden sin violencia y facilitando la salida de Hosni Mubarak. Diez meses más tarde, se han convertido en la amenaza más seria en la transición a la democracia. Recientes anuncios no dejan lugar a dudas de que el ejército gobierna Egipto, y de que pretende mantener su control indefinidamente.

    El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) ha revivido la idea de adoptar una serie de principios supra-constitucionales que serán vinculantes para la comisión de cien miembros que redactará la nueva constitución del país. Esta idea fue sugerida a comienzos del verano por el candidato presidencial Mohamed ElBaradei y fue objeto de un agrio debate durante varios meses antes de que se desvaneciera.

    Aunque la Hermandad Musulmana y los partidos laicos más liberales, como al-Ghad y Karama, se opusieron a esta propuesta calificándola de antidemocrática, los más laicistas la apoyaron, suponiendo ingenuamente que los principios supra-constitucionales impedirían que los islamistas proclamaran una república islámica aunque ganaran las elecciones por gran mayoría.

    Con el claro apoyo del CSFA, el viceprimer ministro Ali al-Selmi ha hecho público unilateralmente un borrador de estos principios supra-constitucionales. Este documento muestra que el ejército pretende imponer su particular visión de la democracia, fuertemente basada en el control militar, haciendo caso omiso de cualquier intento de construir un auténtico consenso en torno a valores compartidos. Uno de los principios vinculantes contenidos en ese borrador sostiene que el ejército y el presupuesto militar no estará sometido al control civil. También declara que si la comisión constitucional no aprueba una nueva constitución dentro de seis meses, el CSFA nombrará una nueva por su cuenta. Como garantía adicional, el CSFA ha emitido nuevas normas sobre la composición de la comisión: esta estará compuesta de 20 miembros electos del parlamento, mientras que el resto será elegido (no está claro por quién) entre los jueces, profesores universitarios, la Iglesia Copta, la Universidad al-Azhar, los sindicatos y una serie de organizaciones que, en su mayoría, están controladas por el gobierno. Y si la constitución propuesta contuviera artículos que contravinieran las declaraciones constitucionales del CSFA, la comisión tendría que revisarlos o la corte constitucional suprema emitiría una sentencia vinculante. La única conclusión que puede extraerse de todo esto es que el ejército pretende tener la primera y la última palabra de la constitución.

    Varios factores han favorecido este deslizamiento hacia un régimen militar. El primero es el viejo temor a que los partidos islamistas ganen las elecciones programadas para el 28 de noviembre. Probablemente, eso será lo que suceda, como ha sido el caso en Túnez, donde el partido islamista Ennahda ha conseguido el 40 por ciento de los votos. En Egipto, la Hermandad Musulmana y su afiliado Partido de la Libertad y la Justicia están muy bien organizados y son muy disciplinados, mientras que los partidos laicos están fragmentados y no han conseguido organizarse bien. De hecho, es bastante posible que el éxito de Ennahda haya reforzado la disposición del ejército egipcio de no permitir que un organismo electo pueda influir en la nueva constitución.

    Pero un segundo factor, y en muchos sentidos más preocupante, es la colusión con el ejército de muchos partidos liberales y autoproclamados campeones de la democracia, que han saludado con entusiasmo los últimos anuncios del CSFA. El partido Wafd ha aceptado esas declaraciones, manteniendo silencio solo en lo que se refiere al rechazo del control civil sobre el ejército. El Partido Egipcios Libres ha proclamado su acuerdo con el grueso de las propuestas. Y así lo han hecho, también, prácticamente todos los partidos liberales, salvo al-Ghad y Karama, que mantienen su alianza con la Hermandad Musulmana. En realidad, desde el punto de vista de los liberales, el único punto controvertido de la propuesta de al-Selmi ha sido la inclusión en los principios supra-constitucionales de la ausencia de control civil sobre el ejército y su presupuesto. En respuesta, al-Selmi declaró posteriormente que la cláusula en cuestión sería retirada, aunque no sugirió lo contrario, es decir, que la supervisión civil del ejército sería incorporada en los principios supra-constitucionales. Sorprendentemente, las únicas voces que han condenado inequívocamente las propuestas del CSFA han sido los partidos islamistas, el Movimiento 6 de Abril y el candidato presidencial Mohamed ElBaradei.

    No hay duda de que Egipto se está deslizando hacia un régimen parecido al de Mubarak: un ejército fuerte, apoyado en la complicidad de los políticos laicos, cuyas ideas sobre la democracia es que ellos deben gobernar. La elección en Egipto no es entre una dictadura militar y un régimen talibán, como sostienen algunos talibanes. Es, más bien, entre un régimen tipo-Mubarak y los principios por los que ha luchado el pueblo en las calles egipcias.

    Egipto y Túnez han entrado en una fase peligrosa de sus transiciones. Los gobiernos interinos tienen poca legitimidad: fueron encargados de organizar elecciones a corto plazo. Pero las elecciones se han pospuesto en ambos países, la transición se prolonga y multitudes desilusionadas están tomando las calles de nuevo. La presión popular, necesaria para mantener el impulso de la reforma, corre el riesgo de degenerar en el gobierno de la calle.

    Los países en transición se enfrentan con imperativos contradictorios: necesitan moverse rápidamente para elegir gobiernos legítimos que puedan poner en práctica reformas reales, pero necesitan tiempo para lograr algún consenso sobre los principios fundamentales que deben apuntalar el nuevo sistema político y promulgar leyes que regulen las elecciones y la formación de partidos políticos. Encontrar un equilibrio es una tarea difícil. La experiencia de Túnez y Egipto proporciona importantes lecciones.

    Ambos países optaron originalmente por convocar elecciones a corto plazo: el 14 de julio en el caso de Túnez, mientras que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) de Egipto se comprometió a completar el proceso electoral en seis meses. Con estos calendarios tan apremiantes, la limitada legitimidad de los gobiernos interinos no parecía ser un problema demasiado serio, ya que no se esperaba de ellos otra cosa que la organización de las elecciones.

    Pero el calendario ha sufrido un resbalón, en parte por razones técnicas (queda mucho por hacer para tener unas elecciones creíbles en países que nunca las han tenido en el pasado) y en parte por razones políticas (los nuevos partidos que están emergiendo de la insurrección han pedido más tiempo para organizarse). Las elecciones se retrasaron al 23 de octubre en Túnez. Y en Egipto el gobierno ha anunciado que ha nombrado a un juez para que constituya una comisión electoral encargada, a partir del 14 de septiembre, de organizar las elecciones que habrán de tener lugar dos meses más tarde.

    Estos retrasos están favoreciendo que crezca la presión sobre los dos gobiernos de transición. La gobernabilidad no puede estar en suspenso indefinidamente. Hay que tomar decisiones y adoptar medidas. La gente está cansada de esperar. Quiere ver cambios. Quiere que las autoridades del antiguo régimen sean llevadas ante la justicia. Pide mejoras económicas. Y está enviando el mensaje de que está dispuesta a tomar las calles de nuevo. Esto pone en marcha un círculo vicioso. Los gobiernos tienen menos legitimidad que nunca, pero se espera que actúen. Y se están sintiendo atacados, lo cual está empezando a dar lugar a una respuesta autoritaria.

    Egipto, en particular, se tambalea entre el autoritarismo y los dictados de la calle. Bajo la presión, el CSFA y el gobierno están volviendo a posiciones que recuerdan al gobierno de Mubarak, prohibiendo protestas, estipulando qué organizaciones pueden recibir ayuda financiera del extranjero y, lo que es más peligroso, reflotando la idea de que la nueva constitución debe encumbrar al ejército como garante de la democracia egipcia. Esto último es un oxímoron que ha tomado como modelo la constitución turca de 1960, que creó un legado del que Turquía está tratando de librarse penosamente en la actualidad.

    Pero las demandas de los manifestantes son igualmente peligrosas. Quieren que los ministros seleccionados sean expulsados y que los responsables de las muertes de manifestantes sean llevados ante la justicia inmediatamente. Sin embargo, lo que necesita Egipto no son decisiones

    tomadas para calmar a los manifestantes. Necesita un gobierno legítimo establecido sobre la base de criterios claros y un mecanismo de justicia transitorio que evite las venganzas y las cazas de brujas, pero que aborde las acusaciones contra responsables del antiguo régimen basándose en la ley y el consenso político. Sin embargo, se está procediendo a hacer una remodelación del gabinete, que ya ha sido rechazada por los manifestantes, y la destitución repentina de centenares de altos mandos de la policía, una decisión que huele a oportunismo y no a justicia.

    La lección de Túnez y Egipto para países que, probablemente, entren pronto en un periodo de transición es que es imposible además de indeseable organizar elecciones en unos pocos meses. Hay muchas cosas que tienen que hacerse antes: enmiendas constitucionales, nuevas leyes, nuevos partidos y un consenso sobre principios. Pero un proceso más lento requiere una hoja de ruta clara y un calendario con puntos de referencia y plazos, no un vago proceso abandonado a los caprichos del gobierno con escasa legitimidad y unas masas impacientes. Ese proceso debería ser acordado, idealmente, desde el principio.

    Túnez y Egipto no lo han hecho así y están pagando el precio de unas situaciones caóticas. Los dos gobiernos deben anunciar, al menos, una hoja de ruta y un calendario que cubra el periodo entre este momento y las elecciones, negociando con los partidos políticos y los manifestantes un acuerdo sobre lo que debe hacerse en los próximos meses y lo que tendrá que esperar hasta después de las elecciones. No pueden permitir que la calle dicte de forma arbitraria lo que debe hacer el gobierno, pero no pueden esperar que la gente acepte indefinidamente las decisiones igualmente arbitrarias tomadas por los gobiernos interinos.

    . 180 tipos de medicamentos y 200 artículos de uso médico están agotados, incluyendo alcohol y agujas, debido al bloqueo israelí. El Ministerio de Salud en Gaza anunció el estado de emergencia en Gaza por esta causa el pasado miércoles. El viernes, el ministro dijo que las operaciones previstas desde ese día en adelante tuvieron que ser canceladas, incluyendo las operaciones a menores de edad, las intervenciones para cateterización cardíaca, la cirugía laparoscópica y las operaciones de huesos y nervios. Asimismo, el Ministerio reducirá los servicios médicos, incluyendo los análisis en laboratorio. Véase también

    , una cifra sin precedentes y de las más altas del mundo. Es evidente que este desastre se debe, principalmente, al bloqueo israelí, mientras que el gobierno de Hamas ha generado, en el sector público, el 70% del total del crecimiento neto del empleo entre la segunda mitad de 2009 y el segundo semestre de 2010. Véase también

    , según Ramzy Baroud. Tras varias declaraciones de las autoridades egipcias sobre la apertura permanente de la frontera, esta se ha abierto y cerrado de forma intermitente durante varios días y solo por unas horas. El gobierno egipcio ha decidido permitir la entrada diaria de 550 gazatíes, pero finalmente parece que son los funcionarios de la frontera quienes deciden de forma arbitraria. Los palestinos se ven obligados a formar largas colas en condiciones inadecuadas para, al final, ver cómo se les puede denegar el pase.

    a los palestinos pobres les cuestan a las organizaciones humanitarias casi cinco millones de dólares anuales, que salen de los bolsillos de contribuyentes de Europa y Estados Unidos. Casi el 80% de los gazatíes dependen de la asistencia humanitaria, y el trabajo de las ONGs resulta enormemente perjudicado, impidiendo la consistencia y la continuidad del mismo. Estas restricciones les cuestan cinco millones de dólares extra al año. A los obstáculos puestos al ingreso en los Territorios Ocupados de los materiales necesarios, se le une las restricciones que imponen los israelíes a los movimientos de los voluntarios, que en ocasiones no pueden acceder a las áreas donde realizan sus proyectos o se les niegan los permisos de trabajo.

    , en el valle del Jordán y en la zona de Hebrón. En la aldea beduina de Fasayil, el ejército derribó las chozas de los habitantes y sus corrales, lo que supuso la pérdida de sus cabras, que son su principal fuente de ingresos. Las demoliciones afectaron a unas 103 personas de 18 familias, incluyendo 64 niños. Alrededor de 21 estructuras, entre ellas 18 residenciales y tres corrales para los animales fueron demolidas. Además, en la zona de Hebrón, el ejército demolió cinco pozos de agua, tras declarar el área como zona militar cerrada.

    el domingo, lo que provocó una condena inmediata de los líderes palestinos. En marzo, la UNRWA, la agencia de la ONU que se encarga de los refugiados palestinos, informó de las demoliciones de 76 edificios palestinos. A principios de verano más de 400 edificios habían sido demolidos. En abril, responsables de la ONU advirtieron que las demoliciones de viviendas llevadas a cabo por las fuerzas israelíes se habían doblado desde inicios de 2011.

    , un poblado de Jerusalén Este, y registraron viviendas palestinas, dañando las pertenencias de sus moradores. Activistas palestinos denunciaron que los uniformados también atacaron dos casas en la aldea Husan, situada al oeste de la ciudad cisjordana de Belén, y provocaron destrozos en el mobiliario. Asimismo, las fuerzas de ocupación realizaron varias detenciones, en un momento en que el parlamento israelí acaba de aprobar una ley que permitirá que los llamados prisioneros de seguridad (término usado para ciudadanos árabes considerados peligrosos) sean devueltos a prisión sin juicio previo.

    , pedía ayuda a gritos a su padre mientras unos 50 soldados y policías israelíes fuertemente armados le arrastraban, esposaban y vendaban los ojos, por estar acusado de tirar piedras. Como si fuera un peligroso terrorista. Ahmed protestaba porque las fuerzas de ocupación israelíes están desalojando a los palestinos de sus viviendas y demoliendo estas en Jerusalén Este para permitir la expansión de las colonias judías en la ciudad árabe. Me asusté. No podía ver a dónde íbamos, y mis manos estaban esposadas muy fuerte detrás de mi espalda. En la estación policial se negaron a darme agua cuando les dije que tenía sed, y cuando les pedí para ir al baño me patearon. Me interrogaron por horas y me acusaron de lanzar piedras, lo que negué, dijo Ahmed a IPS. La organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) informó que la policía israelí abrió 1.267 casos penales contra menores palestinos entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 por lanzar piedras en Jerusalén oriental.

    por algunas de las cosas que suceden en su país, como es la división entre Fatah y Hamas. En la plaza de Al Manara de Ramala, varias tiendas de campaña albergan fotografías y pancartas, así como a algunos jóvenes que duermen en ellas desde el pasado 15 de marzo.

    . La reducción en un 98 por ciento del caudal del río Jordán que lo alimenta y la sobreexplotación industrial para extraer sus minerales amenaza con hacer desaparecer una formación única en el mundo. Las aguas del Mar Muerto descienden al vertiginoso ritmo de un metro por año, lo que podría hacerlo desaparecer en tan solo cuatro décadas. Sin embargo, otros predicen que nunca dejará de existir, gracias a los aportes de aguas subterráneas, aunque se encogerá hasta tener tan solo el 30 por ciento de los 625 kilómetros cuadrados que ahora ocupa.

    judíos de Cisjordania en el ámbito de la negociación con los palestinos, ya que considera si estos terrenos son transferidos a los palestinos, las nuevas edificaciones también serán para ellos. Hay una realidad sobre el terreno y un crecimiento natural de la población. La gente necesita construir guarderías, ha afirmado Barak en una entrevista concedida a la cadena France 24. ¿Pero por qué les preocupa a los palestinos? Si se construye un edificio en una tierra que vaya a ser transferida en virtud de un acuerdo de paz, conseguirán ese edificio, así que esta cuestión no tiene relevancia, ha asegurado.

    Llama la atención la diferencia de trato de los refugiados libios en Egipto y Túnez. Me da la impresión de que no es algo puramente casual, sino que refleja, de alguna forma, dos cursos distintos en las transformaciones políticas que están registrándose en esos dos países.

    Más de 200.000 personas han entrado en Egipto procedentes de Libia desde el estallido de la guerra en este país. Otros 240.000 se han dirigido hacia el oeste, hacia Túnez. En las zonas fronterizas de Egipto y Túnez existen campamentos para acoger a esta marea humana. Muchos, los inmigrantes, vuelven a sus países, pero los libios se quedan. Sin embargo,

    El gobierno egipcio nos ha impedido proporcionar asistencia adecuada a todas las personas que actualmente se amontonan en su frontera, ha dicho un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la frontera, muchas personas se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas.

    Según un informe de Refugees International, el alojamiento es, sencillamente, inadecuado. La mayoría de las familias están siendo establecidas temporalmente en las salas de llegada y partida de la frontera egipcia. El resto de la población principalmente los inmigrantes varones está durmiendo a la intemperie, en refugios improvisados hechos de mantas, postes de madera y maletas, expuestos a las bajas temperaturas nocturnas.

    están viviendo una situación totalmente distinta. Según Andrej Mahecic, portavoz de ACNUR, menos del 10 por ciento de los libios que llegan a Túnez permanecen en los campamentos de refugiados. La gran mayoría

    No solo los tunecinos, también el gobierno está teniendo una postura solidaria. El gobierno de Túnez, debo decir, ha estado fantástico en términos de la hospitalidad que ha proporcionado a esta gran cantidad de personas que han cruzado la frontera, ha dicho Reuben Brigety, subsecretario adjunto de estado en la Oficina de Población, Refugiados y Migración.

    , la derecha reaccionaria europea se apresta a levantar barreras cada vez más altas que impidan la llegada de inmigrantes pobres a la Unión Europea, algo que, en esta fracasada y dividida Europa, pone de acuerdo a la derecha xenófoba y la pseudoizquierda como el PSOE español.

    en la Plaza Tahrir de El Cairo. A las aduladas fuerzas armadas se les cayó la careta y mostraron sus credenciales: dos manifestantes muertos y decenas de detenidos. Como no podía ser de otra manera,

    Las cosas no van como querían. Y tendrán que hacer la experiencia de que eso es y seguirá siendo así debido a los intereses en conflicto de los diferentes agentes políticos. Como dice uno de los entrevistados por

    A la represión de la Plaza Tahrir, que volvió a repetirse tres días más tarde, hay que añadirle el importantísimo proceso de reestructuración, o tal vez sea mejor decir reconstitución, de los aparatos de seguridad del estado, donde ya están apareciendo en sus diferentes secciones antiguos secuaces del viejo régimen. También hay que añadir una nueva ley que castigará con una multa de 65.000 euros y hasta un año de cárcel a quien participe en protestas que entorpezcan el trabajo del gobierno; y otra ley que eleva de 1.500 a 5.000 los miembros necesarios repartidos por varias provincias para crear un nuevo partido político, lo que va, evidentemente, en contra de los nuevos partidos que se están creando al calor de la revolución, y beneficia a los islamistas de los Hermanos Musulmanes y al partido de Mubarak.

    Ha enviado, por medio del director de asuntos morales del ejército, una carta a los medios de comunicación egipcios en la que se les ordena no publicar ningún (tema, noticia, declaración, queja, anuncio, imagen) que pertenezca a las fuerzas militares o a los comandantes de las fuerzas armadas sin previa consulta con el Directorio de Asuntos Morales y el Directorio de Inteligencia Militar y de Recogida de Información.

    La información sobre estos desarrollos antidemocráticos de la junta militar es crucial, sobre todo en un momento en que el juicio contra Mubarak y su familia acaparará la atención de los egipcios. Y en los que buena parte de la población trabajadora está ocupada en decenas de huelgas que recorren todo el país, pidiendo mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

    La parte buena de esta historia es que los jóvenes revolucionarios de la Plaza Tahrir siguen estando dispuestos a luchar por la democracia, según todas las opiniones recogidas, y se están organizando para seguir profundizando la revolución. Sigo viendo en ellos una gran claridad de ideas y una gran determinación, así como una gran capacidad de movilización.

    El levantamiento popular en todo el mundo árabe está sacudiendo no solo a los regímenes autoritarios de la región, sino las falacias sobre los árabes. Las consecuencias serán trascendentales, dice Jaled Hroub.

    Los regímenes árabes autoritarios están siendo sacudidos hasta las raíces o siendo simplemente derribados. También lo están siendo muchas falacias sobre los pueblos del mundo árabe. Durante décadas, estos regímenes han utilizado la amenaza del fundamentalismo islamista para manipular a sus aliados occidentales: o nos apoyan, o estos extremistas crearán otro Irán. Un Occidente temeroso decidió apoyar al mal que conocían.

    Las calles árabes y sus marginados ciudadanos han expuesto la falsedad de esta opción, y lo han hecho de forma sorprendente para casi todo el mundo, sobre todo para los islamistas. Millones de tunecinos, egipcios y otros que han ocupado el centro de la vida pública de sus países han ofrecido seis mensajes especialmente destacados.

    La esperanza de vida media del estado árabe en la era poscolonial es de unos sesenta años, y durante gran parte de este periodo las nuevas elites gobernantes tuvieron el espacio y el tiempo para construir sus estados-nación. En los primeros años posteriores a la independencia, la principal tarea fue alinear a las nuevas entidades territoriales con las identidades locales diseminadas a lo largo y ancho de las fronteras coloniales heredadas (y, de paso, disolver el sentimiento panárabe integrado). Los gobernantes argumentaron que estas necesidades estratégicas justificaban situar el desarrollo por delante de la democracia; algunos invocaron la débil noción de la especificidad cultural para sostener que la democracia era inadecuada para los árabes. El resultado fue un modelo que antepuso la seguridad y el control autoritario.

    Además, se utilizó la guerra con Israel para burlarse de la apertura política y la democratización como distracciones que apartaban a los árabes de su causa principal, junto al desarrollo. Ambos proyectos fracasaron. En lugar de progreso y victoria, la mayoría de los estados árabes tanto monarquías como repúblicas se convirtieron en negocios familiares corruptos, rodeados por pequeñas camarillas de oportunistas, protegidos todos por draconianos aparatos de seguridad apoyados por un Occidente indiferente. La corrupción y el mal funcionamiento no perdonaron ningún aspecto de la vida social, política y económica. Eso tenía que acabar, y lo ha hecho ahora con una revuelta de la gente que ya no está dispuesta a seguir siendo humillada. Han declarado que el tiempo concedido para que sus gobernantes crearan sistemas políticos y económicos viable ha terminado.

    El segundo mensaje de los levantamientos desacredita la cantinela común de todos los gobernantes de que la alternativa es o ellos o el islamismo. Estamos en los primeros días, pero hay evidencias del impulso hacia una tercera vía más allá de esa opción binaria. En Túnez y Egipto, la fuerza rectora de la revolución es una nueva generación de jóvenes con estudios, cuyas valerosas acciones han tocado la fibra de todos los estratos de la sociedad y, en el proceso, han superado a los tradicionales, e inútiles, partidos de la oposición.

    y de cualquier alternativa religiosa al mismo. Los islamistas tienen gran influencia en el mundo árabe, incluyendo a estos dos países. Pero solo son una parte del paisaje político; y hasta ahora han preferido compartir el poder más que controlarlo.

    El tercer mensaje es que el cambio anunciado por estas revoluciones no es el trabajo de una elite o un grupo promovido por un golpe militar o una intervención extranjera. Por el contrario, está inspirado y protagonizado directamente por la gente, por el pueblo. El hecho de que el pueblo sea el legítimo progenitor del cambio, permite confiar en que el destino de los árabes está, finalmente, en sus propias manos. La nueva era será definida por el poder del pueblo, no por una junta revolucionaria o un custodio monárquico actuando en nombre del pueblo.

    El cuarto mensaje es que esta generalizada protesta árabe es fundamentalmente política. Las demandas de empleo o de mejores condiciones de vida pueden ser los catalizadores, y son importantes en sí mismas, pero las aspiraciones políticas se han puesto rápidamente en cabeza. En Túnez, el principal eslogan de la revolución de los jazmines fue: Vivimos solo con agua y pan, pero sin Ben Alí. En Egipto, es eslogan El pueblo quiere cambiar el régimen expresa la misma idea. La gente no se oculta detrás de demandas modestas y a corto plazo, sino que quiere cambiar el sistema político en su totalidad. Este es un cambio radical y firme.

    El quinto mensaje, que exige ser comprendido por las elites gobernantes y sus apoyos externos, es que la estabilidad (superficial) basada en la seguridad armada ha dejado de ser una opción. Este modelo podía haber durado mucho tiempo, pero los actuales acontecimientos muestran que está implosionando. La estrategia miope de Occidente consistente en comprar estabilidad mientras se hace la vista gorda ante la represión, revela la vaciedad de sus valores democráticos.

    El sexto mensaje es que la carta blanca que en otro tiempo disfrutaban los regímenes autoritarios incluidos los árabes ha desaparecido en un mundo interconectado por redes de televisión transfronterizas y por redes sociales. Las olas de protestas a través de los países árabes como en Túnez y Egipto evolucionan organizativamente apoyándose en redes sociales como Facebook y Twitter, haciéndose visibles en la calle y siendo luego retransmitidas por satélite y la televisión internacional.

    Esto hace que el trabajo de las fuerzas de seguridad del estado, los servicios de inteligencia e incluso del ejército sea muy difícil. Estas instituciones no tienen los conocimientos o las herramientas necesarios para suprimir los movimientos electrónicos de resistencia civil. Frente a una determinación masiva y desarmada, y bajo el escrutinio vigilante del mundo, estos aparatos de seguridad y los regímenes que los protegen han quedado desenmascarados como tigres de papel.

    Las revoluciones engañan. Casi ninguna ha dado el resultado que de ellas esperaban quienes en ellas participaban. Y la de Egipto no podía ser menos. Al menos desde la distancia, la actuación de los insurrectos ha sido siempre muy acertada, consecuente, valerosa y con gran determinación. Las movilizaciones fueron masivas, llegando a sumar millones de personas. Pero

    Y ello se ha puesto de manifiesto en el reciente referéndum sobre la reforma constitucional. Ahí no solo han participado (algunos) millones de personas, sino más de 18 millones. Así que mientras la vanguardia de la insurrección egipcia ha llamado a votar no en el referéndum, el 77 por ciento de los votantes han depositado la papeleta del sí. Esta distancia entre la vanguardia y diferentes sectores de la población se agranda aún más si tenemos en cuenta que solo ha votado el 41,2 por ciento de los electores.

    Proponían, por ejemplo, algunas cosas interesantes, como la reducción del mandato presidencial de los seis años a cuatro, además de la limitación a dos mandatos como máximo. El poder judicial será quien supervise las elecciones y decida sobre cualquier impugnación de los resultados. Desaparece un artículo por el que el gobierno podía suspender los derechos humanos en casos de terrorismo. Y poco más. Muy poco para lo que cabía esperar.

    : todo ciudadano egipcio que haya tenido en alguna ocasión doble ciudadanía, o cuya esposa o padres (sean egipcios o no) hayan sido alguna vez ciudadanos de otro estado, no podrá ser candidato presidencial. (No he conseguido averiguar si el candidato puede ser mujer.) Con esta disposición, se prohíbe de un plumazo a millones de egipcios ser elegibles para presidentes de la república.

    Este punto es importante porque muchos de los que han votado a favor de las reformas creen que estas son meramente transitorias y que, una vez que se elija un nuevo presidente, se redactará una constitución nueva. Pero yo no lo tengo tan claro.

    Pero son pocos los que, en este sentido, se llaman a engaño. La gente lo sabe. Pero han votado a favor porque quieren terminar con una situación de provisionalidad y de inseguridad, tal y como ha argumentado el Partido Justicia y Libertad (promovido por Hermanos Musulmanes), que ha defendido el sí, al igual que los restos del Partido Nacional Democrático de Mubarak.

    Estos dos partidos tendrían interés en que las elecciones se celebren cuanto antes, pues son los únicos que disponen de una estructura; mientras que los partidos y grupos que han participado más activamente en la insurrección carecen de organización. Personajes tan conocidos como el premio Nobel de la Paz Mohamed ElBaradei o Amr Musa, secretario general de la Liga Árabe, así como la coalición juvenil revolucionaria que impulsó la insurrección, han llamado a votar no por dos razones básicas:

    Infinidad de cuestiones quedan en el aire. ¿Habrá un proceso constituyente de la democracia? ¿Habrá libertad de expresión y asociación? ¿Estará garantizada la igualdad de los ciudadanos ante la ley? ¿Tendrán todas las opciones electorales las mismas oportunidades? ¿Cómo estarán protegidos los derechos humanos? ¿Qué hay de las relaciones entre estado y religión? ¿Cuál será el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Se procederá a la depuración de las fuerzas de seguridad y de la burocracia política? Si es así, ¿cómo? ¿Qué pasa con el Partido Nacional Democrático de Mubarak y su patrimonio? Y así podríamos seguir

    , pero si la vanguardia de la insurrección se organiza y se mantiene activa, presionando en cada fase, no puede decirse que la suerte esté echada. El futuro de la sociedad egipcia está aún abierto.

    Resulta muy difícil desde la distancia hacer conjeturas sobre lo que está sucediendo realmente en Egipto en las últimas semanas. Por un lado, el odiado primer ministro Ahmed Shafiq ha dimitido fruto de la presión popular y, según parece, su sustituto, Esam Sharaf, es un hombre del agrado de los líderes de la insurrección. Además, estos han saludado las enmiendas a la constitución propuestas por un grupo de expertos legales nombrado por la junta militar.

    Junto a esto, han surgido (¿o resurgido?) enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, con un balance de 13 muertos, mientras en la Plaza Tahrir un grupo de personas armadas con piedras y cuchillos atacaba a quienes permanecen acampados, ante la mirada pasiva de los militares.

    Según la Hermandad Musulmana, los choques entre musulmanes y cristianos han sido instigados por miembros del partido de Mubarak y de los cuerpos de seguridad del estado. No sería extraño. Como tampoco lo sería que los atacantes de la Plaza Tahrir también lo fueran.

    El ejército, que se ha expresado una y otra vez como deseoso de imponer la paz y el orden, debería investigar, junto al gobierno, estos hechos y descubrir a los provocadores. Y si no es capaz de hacerlo, debería dejar de tutelar el proceso democratizador.

    Por si esto fuera poco, el gobierno provisional, el dirigido por el honesto Esam Sharaf, va y decide que la policía vuelva a hacerse cargo del orden público. La misma policía que asesinó y reprimió violentamente a manifestantes antes de la caída de Mubarak y que debería haber sido disuelta. Evidentemente, el orden público es una cuestión que debe ser abordada con urgencia, pero no se puede recurrir a una banda de asesinos y corruptos para ello. El ejército y quienes han mantenido el orden en los barrios podrían colaborar provisionalmente en esta tarea. No es una buena opción, pero la que ha elegido el gobierno es, sin duda, la peor. Dudo mucho de que los revolucionarios egipcios la acepten tranquilamente.

    Aún no se han atendido dos de las principales demandas de los insurrectos: la liberación de los presos políticos y el fin del estado de emergencia. Si el ejército no ha dado ni un paso en la dirección de satisfacer estas elementales demandas, ¿cuál es la razón?

    Recientemente, el Tribunal Supremo Militar ha declarado a Amr Abdalá Al Beheiry culpable de agresión a un funcionario público y de violación del toque de queda, por lo que ha sido condenado a cinco años de cárcel. Es inaudito. Un tribunal militar ha condenado a cinco años de prisión a Maaty Ahmed Hamed Abu Arab por haber violado el toque de queda y posesión de un arma. Según el

    , los tribunales militares han juzgado y condenado a cientos de civiles, en su mayoría acusados de violar el toque de queda y de representar una amenaza para la seguridad. Muchos de estos condenados están recluidos en cárceles remotas en medio del desierto. Amnistía Internacional está solicitando su puesta en libertad.

    Al Beheiry fue arrestado, junto a otros compañeros, el 26 de febrero mientras participaba en una manifestación pacífica ante el parlamento, en la que se pedía la dimisión del ex primer ministro Ahmed Shafiq. La policía militar y el ejército dispersaron violentamente la concentración (al día siguiente, mandos del ejército pedían disculpas por esta actuación en la página oficial que el ejército tiene en Facebook). Al Beheiry y otros detenidos habrían sido torturados tras su detención, golpeados y sometidos a descargas eléctricas.

    Algo no marcha bien en Egipto. Las autoridades egipcias no pueden decir que están promoviendo la reforma si al mismo tiempo juzgan a manifestantes pacíficos ante tribunales militares,

    Muchos egipcios temen que estos juicios militares puedan iniciar una tendencia para que, mediante nuevos y rápidos juicios militares, celebrados sin las debidas garantías para la defensa, el ejército asuma abiertamente la represión sobre activistas democráticos. Sorprende, especialmente, la rapidez con la que están siendo juzgados estos activistas, mientras que los responsables de las muertes de centenares de ciudadanos durante la insurrección siguen sin ser detenidos y castigados. Extraña situación.

    Todo indica que la revolución egipcia se está encontrando con un enemigo agazapado, probablemente en las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad y el partido de Mubarak. Y que estas fuerzas pueden sabotear y dificultar la marcha de los cambios democráticos que aún están por realizar. Tal vez la Plaza Tahrir tenga que ser ocupada de nuevo






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